La Unión Europea Hace Aguas

La crisis del euro está erosionando gravemente la credibilidad de las instituciones europeas, que han sido incapaces de actuar a tiempo y de tomar la iniciativa en estos tiempos convulsos. Hace unos días, se informaba de que Barroso, Van Rompuy, Juncker y Draghi estaban trabajando en un plan para establecer una unión fiscal. Se supone que estos esfuerzos cuentan con la bendición de Alemania. En todo caso se trata de una iniciativa para el futuro, que no sirve para resolver la crisis actual.  El desastre presente es ya muy difícil de resolver sin causar daños catastróficos. Habría sido necesario que el BCE hubiese intervenido antes monetizando la deuda. Todavía puede hacerlo. Sería una intervención masiva. Parece un sarcasmo que se recomiende ahora a España que renogocie el rescate, aceptando una fuerte condicionalidad macroeconómica, como si el ejemplo griego no fuera suficiente para probar que no se arregla nada ahogando a una sociedad y estrangulando el crecimiento de un país. Y por otro lado, ¿acaso no es condicionalidad lo que vienen aplicando España desde hace meses? Y todos dábamos por descontado que habría más recortes.


Los gobiernos europeos están perdiendo legitimidad a borbotones, lo que se va demostrando elección tras elección. Los gobiernos de uno y otro color político se suceden, pero nada cambia. Si acaso todo va a peor. Y los pueblos cada vez más desesperados porque no parece haber nadie que realmente sepa lo que está pasando y tenga idea de cómo salir de ésta. Además, las instituciones europeas están sufriendo un gran desprestigio que se traduce en una falta de credibilidad de la Unión. Nunca ha sido más cierto lo de que los Estados son los maestros del proceso de integración europeos. Y de la desintegración, deberíamos añadir ahora.

El Defensor del Pueblo europeo, el griego Nikiforus Diamandourus, declaraba hace unas semanas que había que recuperar la confianza en las instituciones. En efecto, la debilidad institucional actual en la Unión Europea no tiene precedentes. Hasta ahora todo el impresionante entramado institucional se ha demostrado incapaz de responder a los embites de los mercados y de imponer orden en el caos alimentado desde las capitales europeas.

Es difícil apelar al espíritu común e invocar el interés supranacional cuando las divisiones son tan profundas, no sólo entre los Estados sino también entre las instituciones.

Las siempre complicadas relaciones entre el PE y el Consejo se han tensado aún más en los últimos días. La iniciativa de reforma de Schengen ha enfrentado al Consejo de asuntos de interior con el Parlamento Europeo, hasta el punto que ayer éste último anunciaba la ruptura de relaciones con el primero, debido a la intención del Consejo de marginar al Parlamento en el proceso legislativo. El Consejo se propone cambiar la base jurídica del nuevo mecanismo Schengen para pasar del artículo 77, que da al Parlamento un papel de colegislador, al artículo 70 en el que queda relegado a mero órgano consultivo.

Las negociaciones del nuevo marco presupuestario (2014-2020) añaden más presión si cabe. Uno de los temas calientes es el de los Fondos de cohesión. No parece que tenga mucho sentido que, por ejemplo, los fondos destinados a Grecia se reduzcan en un 40% en las circunstancias actuales. Pero los contribuyentes netos, entre los que se encuentra Alemania, quieren que la austeridad también se extienda a los fondos y muestran sus reticencias a cualquier incremento en sus aportaciones.

Si la crisis financiera y la incompetencia de los gobiernos europeos no acaba con la Unión en las próximas horas, estamos de acuerdo en una cosa con Angela Merkel, en que la tarea que quedará por delante es hercúlea. Habrá que diseñar un marco regulatorio e institucional adecuado para asegurar la viabilidad de la Unión Monetaria y, por ende, de la propia Unión. A partir de ahí se verá si la Unión Europea va hacia atrás, con iniciativas como una modificación regresiva de Schengen a espaldas del Parlamento , o si va hacia adelante más comprometida con la solidaridad regional. Una solidaridad que se debe reflejar en el nuevo marco presupuestario.