El 14 de marzo
tal y como estaba previsto, el Tribunal Penal Internacional publicó su
primera sentencia. Thomas
Lubanga, lider del frente patriotico del Congo ha sido encontrado culpable
del reclutamiento y alistamiento de niños
menores de 15 años de edad. El Tribunal, por unanimidad, ha considerado
demostrado que durante un año y con objeto de crear un ejército, Lubanga
fue de pueblo en pueblo reclutando niños, algunos de los cuales acababan integrando su guardia personal. Los niños en zonas de conflicto en África (y en el resto del mundo) estarán un poco más seguros después
de esta Sentencia. Ya el solo enjuiciamiento había provocado movimientos entre las
milicias de
la
República Democrática del Congo para detener el reclutamiento
de niños soldados por el temor a verse sentados en un banquillo ante el tribunal penal internacional.
Las cifras de este juicio
demuestran las grandes dificultades que el Tribunal Penal Internacional tiene
que superar para llegar a un veredicto. La búsqueda de testigos y su traslado a
La Haya puede
convertirse en una misión imposible en determinados escenarios. En este juicio
han intervenido 36 testigos. Habría que arbitrar mecanismos para éstos no
tuvieran que trasladarse a
La
Haya y pudieran prestar testimonio desde sus lugares de
origen, sin que esto les estigmatice. En este juicio estaban representadas 129
víctimas que han tenido la oportunidad de participar. Seguro que ha habido
otras muchas que no estaban representadas. La participación de centenares de víctimas
puede paralizar cualquier procedimiento. Es una participación que no está prevista en
el caso de las Cortes Penales para Ruanda y la exYugoslavia. Es, sin duda, un avance que
los que padecieron crímenes horrendos tengan la posibilidad de acceder a la
justicia para participar en el proceso judicial y solicitar reparación por el
daño sufrido, pero quizás habría que buscar otros canales para impedir que sus
voces sean precisamente las que causen el bloqueo de la justicia.
Se podría pensar en el establecimiento de comisiones de la verdad como
complemento de los tribunales internacionales. Estas comisiones podrían
organizarse sobre el terreno allí donde fuera posible. Serían una repuesta de
los gobiernos locales a su obligación de sensibilizar sobre la situación de las
víctimas y de ayudar a evitar su estigmatización favoreciendo su reintegración
social. En Rwanda además de
la
Corte Penal Internacional para Rwanda, se está enjuiciando en
el propio país por tribunales locales (incluso instituciones de justicia
tradicional) y existe una
Comisión para la conciliación y la unidad nacional.
Además de que se ha hecho justicia en este caso, hay que felicitarse también si como consecuencia de esta
sentencia los niños de
la República
Democrática del Congo están más protegidos frente a este
crimen atroz. Ojala vayamos
hacia la erradicación de escenas como la de
Johnny Mad Dog.
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